No al Consejo Económico y Social

Que la CGT y la CTA impulsen un Plan de Lucha por el Trabajo y el SalarioLuego de su derrota electoral el pasado 28 de junio el Gobierno K ha comenzado a maniobrar para sobrellevar su nueva condición de minoría política. En particular, la convocatoria a cámaras empresariales, la mesa de enlace y a las dos centrales sindicales a conformar un Consejo Económico y Social apunta a neutralizar los reclamos de negociaciones y consensos en el marco del Congreso o extraparlamentarios que le exigen las principales fuerzas políticas opositoras. El Gobierno cree que negociando directamente con los “actores sociales relevantes”, podría evitarse la necesidad de negociar con sus rivales políticos de Unión PRO, el Acuerdo Cívico y Social y otros.
Sin embargo, frente a esta iniciativa, el Gobierno enfrenta ahora el problema de que los “actores” condicionan su participación en el Consejo Económico y Social a la satisfacción previa de sus reclamos particulares. Los industriales, banqueros y comerciantes exigen el tratamiento de asuntos inmediatos como los aumentos de tarifas y la libertad de precios, una mayor devaluación de la moneda, el pago de las deudas con el Club de París y los bonistas que no aceptaron el canje de 2003 y, por sobre todo, la suspensión indefinida de las paritarias y la libertad para despedir y para reducir los salarios.
Por su parte, el titular de la CGT Hugo Moyano logró como prenda de cambio el control de las “cajas” de los subsidios públicos a las obras sociales y de Aerolíneas Argentinas, algo que entre otras cosas hoy le está valiendo una crisis y eventual ruptura al interior de la CGT por el reparto de estas prebendas. Finalmente, la CTA declaró que participará del Consejo porque ello implica un “reconocimiento” de la central como “actor social relevante”, toda una impostura después de haber jugado un rol pasivo desde 2003 en la esperanza de que el Gobierno de los K le entregase a cambio la ansiada personería jurídica.
Este rápido posicionamiento de las dos centrales sindicales contrasta con su absoluta pasividad frente a los problemas más elementales de los trabajadores, como tenemos la oportunidad de constatar actualmente respecto a la epidemia de Gripe A (H1N1). En el caso de nuestro gremio, los principales sindicatos –UPCN y SUTECBA de la CGT y ATE de la CTA– se esfuerzan por explicarnos que no corresponde un aval gremial a las iniciativas tomadas por los trabajadores frente a la inacción criminal de los Gobiernos y las autoridades de las dependencias estatales, ya que no se trata de un “conflicto gremial”. ¡Como si el riesgo de contagio de una epidemia que en algunos casos puede llegar a ser mortal no formase parte de las condiciones de trabajo! La CGT y la CTA podrían garantizar el cese total de actividades que el Gobierno no se atreve a decretar porque implicaría pérdidas económicas para los capitalistas, pero no lo hacen.
Lo importante para los trabajadores es que en las condiciones planteadas, nada bueno podemos esperar del Consejo Económico y Social. Este organismo no sólo le ofrece a los capitalistas un poder político que nadie les otorgó en las urnas. Por sobre todo es profundamente antipopular y reaccionario porque apunta a delinear acuerdos y medidas de salida a la crisis que entrañan en todos los casos un mayor ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo.Nuestros problemas como trabajadores no van a ser resueltos con medidas que priorizan la defensa de los intereses capitalistas, sean ellas producto de acuerdos políticos parlamentarios, consensos corporativistas o del unilateralismo del poder ejecutivo. La CGT y la Central "Alternativa" se integran al Consejo Económico y Social para ponerse al servicio de nuestros patrones, cuando lo que necesitamos es un Congreso de Trabajadores. Exijamos que la CGT y la CTA rompan con la perspectiva del Consejo Económico y Social y que, por el contrario, lancen un plan de lucha para prohibir los despidos, impulsar las paritarias y arrancar los reclamos pendientes de los trabajadores. Impulsemos asambleas sin divisiones de afiliación sindical en todas las dependencias estatales con estos objetivos.